Aunque las dos principales patas de la reforma energética del Ministerio de Industria y Energía, tanto el real decreto que diseña el marco de desarrollo para las renovables como la orden que especifica el tipo de retribución al que tienen derecho, entraron en vigor el pasado mes de junio, su carácter retroactivo obliga a revisar todo lo que el antes llamado régimen especial cobró desde julio de 2013. Un año atrás, en el "periodo transitorio" establecido por la propia reforma. Y es lo que acaba de hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según los cálculos de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la devolución que corresponderá a los promotores del Archipiélago estará entre los 18 y los 20 millones de euros.
El sector aventuraba un impacto considerable en sus cuentas porque la devolución de primas que preveían era también cuantiosa a la vista de los nuevos parámetros que establecía la polémica orden del Ministerio de Industria, pero cualquier cálculo se quedó corto. Las empresas deberán reintegrar un total de 1.236 millones de euros, según las liquidaciones anunciadas ayer por el superregulador de los mercados. A la eólica, la más perjudicada, le corresponden 829 millones de euros. Un auténtico mazazo.
La cantidad que se reclamaría a los empresarios del Archipiélago parece pequeña si se compara con el conjunto de la nación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la eólica canaria apenas representa una gota de agua en el mar de la potencia instalada en el territorio nacional, que asciende a 27.300 Megawatios. En las Islas solo 155 Megawatios, lo que apenas supone el 0,6% del total español.
Además, como apunta el presidente de ACER, Enrique Rodríguez de Azero, "al haber más horas de producción, el impacto para nosotros va a ser mayor, porque con la normativa anterior sí que contaba el número de horas, aunque ahora, con el concepto de la rentabilidad razonable, ya no sea así". El impacto en los productores de energía limpia de la nueva regulación puesta en marcha por el ministro Soria ha sido de tal calibre que hay más de 200 recursos interpuestos ante los tribunales españoles para recurrir el Real Decreto 413 y la orden ministerial. ACER, por su parte, tiene planteado uno conjunto, aunque se estima que en el Archipiélago se ha truncado la inversión de cerca de mil millones de euros debido a la pérdida de atractivo del negocio de las renovables. Más aún, existen más de una decena de recursos en los que numerosos inversores extranjeros reclaman responsabilidades a España ante la justicia de diversos países por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía.
Rodríguez de Azero lamenta el modo en que España en general y Canarias en particular están perdiendo el tren de las energías renovables pese a los numerosos informes que apuntan a que son, indiscutiblemente, el futuro. "Curiosamente hemos visto como otras regiones ultraperiféricas se han puesto las pilas y ya están apostando por un mix con renovables del 80% para los próximos años en algunos casos", señala. "Lamentablemente Canarias sigue con un escaso 7,6%", apunta.
Así, cita las recién emitidas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que señalan que la energía solar, fotovoltaica y térmica puede ser la primer fuente de generación de electricidad en 2050, con un 27 % del total.
La fotovoltaica supondría un 16%, lo que supone una revisión al alza respecto al 11%, que había calculado como estimación para 2050 en la hoja de ruta elaborada en 2010. El precio de los sistemas fotovoltaicos se ha dividido por tres en los últimos seis años en muchos mercados y el de los módulos, por cinco. Los autores del estudio asumen que los costes de generación de electricidad fotovoltaica tendrán una disminución media del 25% para 2020, del 45% para 2030 y del 65% para 2050.
Para tratar de revertir la situación, explica el presidente de ACER, acaban de proponer en Bruselas, en el Foro de Regiones Ultraperiféricas al que asistió el presidente del Gobierno de Canarias el pasado martes, que se incorpore "un párrafo a favor de las renovables en la próxima conferencia de presidentes de las RUP para que la UE hable en favor de la generación con renovables en las RUP y el estado español asuma este compromiso". "Nos gustaría lograr una norma que obligase a instalar el 33% de la energía proveniente del autoconsumo en la administración y a ser posible en los particulares, como ocurre en USA", explica.
Para apoyar sus reivindicaciones, Rodríguez de Azero alude al informe que presentó el mes pasado la Unión de Bancos Suizos (UBS), en el que anima a sus clientes "a cambiar de hábitat en el sector energético, más concretamente en el eléctrico". Para UBS el modelo energético está cambiando y dentro de unos 10 años el panorama será totalmente distinto al que conocemos ahora. Por ejemplo, el banco está convencido de que el sistema eléctrico se basará en el autoconsumo gracias a la reducción de costes de los paneles solares y de las baterías de almacenamiento.
Fuente: LaOpinión.es